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Garantizar la participación de la Comisión Étnica es construir la Paz verdadera

ACSN expresa su solidaridad con la Comisión Étnica constituida por el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiana (CONPA), la Organización Nacional Indígena de Colombiana (ONIC) y las Autoridades Indígenas Gobierno Mayor. Las autoridades etnoterritoriales, los movimientos sociales y las organizaciones que hacen parte de la Comisión Étnica han promovido su plena participación en las negociaciones entre el gobierno colombiano y las Farc a pesar de que ellas fueron excluidas desde que iniciaron las negociaciones el 4 de septiembre de 2012 hasta marzo de este año. Su participación en la construcción de paz en Colombia es necesario así que los pueblos étnicos han sido afectados desproporcionalmente por el conflicto armado interno y según las Naciones Unidas están en riesgo de ser afectados adversamente una vez que se implementa los acuerdos de paz. Es fundamental que los y las representantes de los pueblos indígenas y afrocolombianos se incluyen de una manera significativa y consistente en este proceso. Es la única manera de garantizar una paz estable y sostenible para todos los colombianos.

Participamos como observadores internacionales en la reunión bilateral entre la Comisión Étnica y las Farc en la Habana entre el 6 y el 10 de julio de 2016. Esta reunión bilateral contó con la autorización del gobierno nacional y corresponde a uno de los acuerdos entre el gobierno y la Comisión Étnica en el marco de la Minga Agraria. Reconocemos que como resultado de la audiencia que tuvo lugar el 26 y 27 de junio de 2017 que se están dando algunos pasos para asegurar la inclusión de la perspectiva étnica en los acuerdos de paz. Sin embargo, afirmamos que su participación debe ser garantizado por medio de lo siguiente:

  1. La formación de una Comisión Étnica Tripartita que consiste del Gobierno de Colombia, las Farc y la Comisión Étnica. Esta Comisión se encargará de los aspectos técnicos de incorporar las demandas de los pueblos étnicos.
  2. La inclusión de un Capitulo Étnico en los acuerdos finales. Este capitulo debería contener principios de aplicación, salvaguardas, mecanismos de seguimiento, y garantías para asegurar que ninguno de los derechos constitucionales e internacionales de los pueblos étnicos puede ser afectado por el nuevo bloque legislativo e institucional.
  3. La resolución de afectaciones humanitarias urgentes relacionadas al conflicto que pueden incluir – pero no son limitadas – a la militarización en las comunidades étnicas por medio de acuartelamiento y las minas antipersonas, la persistencia de industrias extractivistas (“licitas” e “ilícitas”) en los territorios étnicos, femicidios, y amenazas a lideres sociales y comunidades.

Esperamos que la reunión bilateral entre la Comisión Étnica y la delegación de paz del gobierno colombiano que tendrá lugar el jueves 14 de julio avanzará en este agenda.

ACSN urge que todas las organizaciones de derechos humanos y justicia social en los Estados Unidos y Colombia expresan su apoyo por la plena participación de la Comisión Étnica en los procesos de paz en La Habana, Cuba. El gobierno colombiano y las Farc deben garantizar poner fin al desplazamiento forzado, el despojo de los territorios ancestrales y la extracción destructiva de los recursos naturales que han caracterizada los últimos décadas. Garantizar la plena participación de las comunidades afrocolombianas en este proceso de paz es necesario para construir una paz duradera.

Comunicado 010: De la retórica del gobierno a los hechos comunitarios: tenemos acuerdos, queremos cumplimiento

Territorios Ancestrales del Norte del Cauca, Enero 7, 2015

De la retórica del gobierno a los hechos comunitarios: tenemos acuerdos, queremos cumplimiento 

Comunicado 010 a la opinión pública

 Dado el incumplimiento del Ministerio de Defensa, en el marco de los acuerdos firmados por el gobierno nacional con la Marcha de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca el  día 11 de Diciembre, 2014, de tomar acciones inmediatas para la erradicación de la minería ilegal en los territorios ancestrales en el Norte del Cauca, y teniendo como consecuencia el incremento de retroexcavadoras en territorios del Consejo Comunitario de La Toma, el día 29 de diciembre, sobre las 10 de la mañana la comunidad decidió exigir a los mineros ilegales que retiraran las retroexcavadoras y presionar nuevamente al gobierno para cumplir con su responsabilidad. Un grupo de más de 30 personas (mujeres y hombres) hicimos presencia en la cuenca del río Ovejas, en el Consejo Comunitario de La Toma, donde se encontraban trabajando dos retroexcavadoras que llegaron el día sábado al área,  paramos el trabajo de explotación que se realizaba y retuvimos las retroexcavadoras a la espera de que la Fiscalía se hiciera presente para entregárselas.

Nuestra presión logró que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía regional del Cauca hiciera presencia y pudimos entregarle las dos retroexcavadoras retenidas y presionar para que se confisquen y se investigue a los responsables de las 17 retroexcavadoras que continúan en territorios del Consejo Comunitario de La Toma. Sin embargo, reiteramos que esta es una responsabilidad del Ministerio de Defensa, comprometido a iniciar operativos desde el 4 de Diciembre y de la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Sandra Gonzáles, quien en reunión con nosotras el 12 de Diciembre se comprometió a desarrollar acciones coordinadas con todas las instituciones responsables para avanzar en un proceso efectivo de incautación de maquinaria y de investigación y judicialización de los responsables de esta actividad en nuestros territorios.

Reiteramos igualmente el riesgo inminente al que nos expone la inoperancia de las autoridades nacionales y locales, al no cumplir los acuerdos pactados. Nuestra acción del 29 de diciembre ha acarreado mas amenazas para las lideresas y lideres, y para todas las personas que participamos de esas acciones. Francia Marquez y Lisifrey Ararat, por ejemplo, han sufrido el hostigamiento por parte de desconocidos armados y encapuchados que han llegado hasta sus casas, con amenazas o intenciones de atentar contra su integridad. Las ultimas amenazas ocurrieron este domingo 4 de Enero, lo cual causo el desplazamiento de los lideres.

Exigimos a la Viceministra de la Participación, vocera del Ministerio del Interior, Carmen Vásquez, como entidad encargada de coordinar y garantizar el cumplimiento de los acuerdos, que urja a las entidades responsables a cumplir con cada una de las acciones acordadas. El día 29, su respuesta ante el inminente peligro que corríamos enfrentándonos a los mineros ilegales fue una excusa. Las excusas e incompetencia del gobierno para atender el problema de la minería ilegal, ya ha terminado en el pasado en la muerte de muchas personas, el incremento de la vulnerabilidad de nuestra gente y una situación critica violatoria de derechos humanos en el Norte del Cauca.

Teniendo en cuenta que la situación de inseguridad se ha agudizado con nuevas amenazas y seguramente intenciones de represalias por las acciones tomadas, solicitamos al Gobierno que agilice la activación de la ruta de emergencia en el Consejo Comunitario de la Toma y en general en los municipios de Suárez, Buenos Aíres, Guachené y Santander de Quilichao, tal y como fue acordado.  Este, particularmente, es uno de los compromisos de la Unidad Nacional de Protección, y que requiere del apoyo y acompañamiento de las direcciones de Derechos Humanos y de Comunidades Negras del Ministerio del Interior de manera que se adopten medidas de carácter integral de prevención y protección, con enfoque diferencial.

Señalamos que hasta el momento el gobierno nacional continua sin cumplir con el 98% de las acciones inmediatas que hacen parte de los compromisos adquiridos y que afectan comunidades Afrodescendientes de los municipios de Suárez, Buenos Aíres, Guachené y Santander de Quilichao.

–   El 1 de Diciembre, en la Casa La Giralda[1], el Ministerio de Defensa se comprometió a tener una reunión de alto nivel el día 4 de diciembre con los viceministros, la Gobernación del Cauca y las entidades requeridas, con el propósito de definir cual sería la ruta para iniciar los operativos de erradicación de la minería ilegal en los territorios ancestrales del Norte del Cauca sin poner en riesgo a las comunidades. No obstante la realización de la reunión, el objetivo de ésta no se cumplió porque las autoridades convocaron una mesa minera en donde había presencia de los dueños de las retroexcavadoras, lo cual obviamente impidió discutir temas de seguridad y desmantelamiento de la minería ilegal. Es así como los mineros ilegales sintieron que podían aumentar su presencia en los territorios, lo cual forzó nuestra acción del día 29; los mineros dueños de retroexcavadoras incautadas en su mayoría continúan libres; las amenazas no se han investigado y nosotras y las comunidades continuamos en condiciones de altísimo riesgo.

Dentro de este acuerdo está el garantizar que los barequeros, quienes se rebuscan el sustento exponiendo sus vidas bajo la pala de la retroexcavadora, como ocurrió en la mina de San Antonio, no terminen pagando por los dueños del negocio de la minería ilegal y por el contrario sean beneficiarios de acciones que les garanticen condiciones para desarrollar un trabajo digno y seguro. Por eso insistimos en la obligatoriedad de cumplir los acuerdos de Mayo 1 del 2014,  que contienen medidas remediales y preventivas de una calamidad social y económica en la zona.

–   El 11 de Diciembre, la representante de la Fiscalía Nacional Sandra Gonzáles, se comprometió a coordinar con el Subdirector del CTI regional Popayán, para tener una reunión en la semana del 15 de diciembre con las diferentes entidades de carácter nacional y departamental responsables de las acciones para adelantar los operativos de desmantelamiento de la minería ilegal, con el fin de garantizar acciones coordinadas y por lo tanto efectivas. De esta reunión debería salir un protocolo de acciones coordinadas para tal efecto. Que tuviésemos que tomar acción por nuestra propia cuenta el día 29 de diciembre demuestra que el compromiso no ha sido cumplido.

–   El mismo 11 de diciembre, la Unidad Nacional de Protección se comprometió a activar una ruta de protección de emergencia, lo cual significa que el riesgo inminente estaba ya establecido tanto para todas las mujeres y hombres participantes de la Marcha de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca como para sus comunidades, y que por lo tanto la tramitología y protocolos deberían agilizarse para garantizar mecanismos de protección individual inmediata. A pesar de que todos los formularios y documentación correspondientes  están en manos de la UNP desde la semana del 22 de diciembre, solo dos personas cuentan en el momento con las medidas de protección individual, mientras el resto continua expuesto.

–   Igualmente la UNP se comprometió a enviar recursos de protección al Consejo Comunitario de La Toma el día 8 de diciembre. Informamos que el Consejo recibió 25 teléfonos que no funcionan y 4 motocicletas en avanzado estado de deterioro de las cuales solo una funciona medianamente. Estos equipos se entregaron sin ningún recurso de mantenimiento, no fueron entregados en terreno sino que el Consejo debió recogerlos en la ciudad de Cali y su movilización debió correr por cuenta del Consejo Comunitario. Estos equipos hacen parte de la dotación que la UNP se comprometió a dar al Consejo como parte del acuerdo de garantizar la protección colectiva de la comunidad. Si bien los equipos se suministraron, queremos dejar claro que no funcionan.

–   De igual manera, las acciones inmediatas de atención integral y protección están comprometidas con la presencia institucional constante y permanente en los territorios.  Dejamos constancia de que en territorios con personas y comunidades amenazadas, no hay vigilancia ni presencia institucional que pueda garantizar una acción de emergencia oportuna.

Queremos destacar por otra parte, la total ausencia de la Procuraduría General de la Nación del proceso de acuerdos, a pesar de que la investigación y judicialización de todas y todos los funcionarios responsables por acción u omisión, de permitir presencia de minería ilegal en los territorios y generar mayor vulnerabilidad de nuestros derechos, es su responsabilidad y hace parte de los acuerdos firmados. Su ausencia es una muestra de su falta de voluntad política para investigar la situación de corrupción rodea el tema de la minería ilegal en el Norte del Cauca.

Recordamos que estos son acuerdos que hacen parte de una serie de compromisos adquiridos por el gobierno en respuestas a las exigencias de la Marcha de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca por la Defensa de la Vida en los Territorios Ancestrales, de realizar acciones contundentes para combatir la minería ilegal en el Norte del Cauca (donde hay 2000 retroexcavadoras ilegalmente[2] y 267 títulos y concesiones mineras concedidas por el gobierno sin consulta previa en violación del mandato constitucional y legal) y atender de manera integral y diferencial la situación de vulnerabilidad de las comunidades. Los acuerdos están consagrados en cinco (5) actas firmadas por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y los garantes del proceso de concertación, entre los cuales se encuentran la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, Congresistas y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales.

Destacamos igualmente la voluntad política demostrada por la Gobernación del Cauca en cabeza de la Oficina de la Mujer y la Secretaria de Gobierno, y de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional y regional, únicas entidades presentes en la asamblea de presentación de los acuerdos al Consejo Comunitario de La Toma realizada el 20 de diciembre del 2014, y las únicas autoridades que respondieron a nuestra acción urgente del día 29 de diciembre. Nos gustaría ver que el resto de autoridades nacionales y locales demuestran el mismo nivel de voluntad y responsabilidad.

Igualmente, esperamos la acción decidida de los garantes para urgir a las autoridades a desarrollar las acciones acordadas y lograr el propósito de los acuerdos firmados.

Queremos hacer énfasis en que desde el 27 de Noviembre cuando nos tomamos las oficinas del Ministerio del Interior nos hemos declarado en asamblea permanente hasta tanto los acuerdos sean cumplidos por el gobierno, y que en el marco de la asamblea permanente estamos dispuestas a realizar las acciones que sean necesarias para garantizar tal cumplimiento.

La región del Norte del Cauca fue declarada por la gobernación del Cauca en alerta ambiental roja, la Defensoría del Pueblo emitió un Informe de riesgo de inminencia para  La Toma y los garantes del proceso de negociación han corroborado reiteradamente que la vida de las mujeres, los hombres de la guardia cimarrona y sus hijos e hijas está en grave riesgo. La negligencia y falta de voluntad política de las autoridades nacionales y locales  nos forzó a exponernos aún mas durante la marcha, el día 29 de diciembre y cada vez que tengamos que intervenir para defender los territorios y la vida. Por lo tanto, hacemos directamente responsables de la situación de vulnerabilidad en que nos encontramos y de cualquier afectación que nos ocurra, a todas las autoridades nacionales y locales a cargo de hacer efectivos los acuerdos, en tanto estos continúen sin cumplimiento.

Continuamos en asamblea permanente, construyendo alternativas de paz y democracia para el Norte del Cauca que sean un precedente para la paz y la democracia en Colombia y defendiendo la vida en los territorios ancestrales.

Le apostamos a una minería responsable y sostenible

Los territorios y la vida no se venden, se aman y se defienden

#EscuchenNuestrosPasos #MujeresNegrasCaminan

#asambleanegrapermanente

[1] El 1 de diciembre en La Casa Giralda,  el Gobierno Nacional firmó un acuerdo con las Marcha de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca: “Las partes llegaron a un acuerdo en función del cual el gobierno nacional se compromete a adoptar medidas con el objetivo de erradicar la minería ilegal en el departamento del Cauca y a brindar las garantías de seguridad, prevención y protección de las lideresas, sus familias y las comunidades donde existirá intervención”. Acta de Acuerdo Acta de acuerdo entre las mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca y el gobierno nacional para la continuación de la negociación de los puntos de la movilización por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales. Casa Giralda, Bogotá. 1 de diciembre del 2014.

[2] Según información de la Gobernación del Cauca.

COMUNICADO 005 A LA OPINIÓN PÚBLICA, LAS MUJERES TODAS DE LA MOVILIZACIÓN DE MUJERES AFRODESCENDIENTES POR EL CUIDADO DE LA VIDA Y LOS TERRITORIOS ANCESTRALES

A las compañeras y los compañeros que se han solidario
A las compañeras y los compañeros de los medios que se han preocupados por nosotros sin faltar a la verdad de lo que hemos caminado
A las mujeres todas.

Nuestro amor a la vida es más grande que nuestro temor a la muerte. Estamos en el Ministerio del Interior, con presencia del Viceministerio de participación, el director del Comando Élite para el Combate de la Minería Criminal, Unidad de Formalización de Títulos Mineros, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Medio Ambiente entre otras.

Muchas compañeras tuvieron que contener el llanto de digna rabia para poder hablar de que estamos de verdad cansadas de que sea esta la única manera de hacerse escuchar, estamos cansadas de tener que explicar y contar una y otra vez las formas en que hemos sido violentadas en nuestros cuerpos, en nuestras familias. No aguantamos más tener que salir corriendo a media noche por las amenazas, no aguantamos más que después de tanto tiempo, no se entienda que no queremos salir de los territorios en donde tenemos sembrados el ombligo. Estamos cansadas de escuchar los discursos que se repiten desde hace 7 meses con la tragedia de San Antonio que nos mató a 50 de los nuestros, A la institucionalidad le preguntamos hoy ¿Cuántos desplazamientos?, ¿cuantas muertes?, ¿cuantas violaciones se hubieran podido evitar si ya se hubieron cumplido las órdenes de la Corte en el Auto 005 y la Sentencia 1045ª?

Como buenas madres, hermanas, primas, hijas, mujeres, estamos llenas de amor y de paciencia, y es el amor y la paciencia lo que nos empuja, como mujeres negras seguimos andando y sembrando los pasos de las ancestras y los ancestros; por eso, 22 mujeres negras nos declaramos hoy jueves 27 de noviembre a partir de la 5:00 de la tarde en asamblea permanente en la Sede del Ministerio de Interior en la Giralda.

Insistimos que estaremos aquí hasta que se pare la minería ilegal en el Cauca, hasta que se deroguen los títulos mineros que se han otorgado sin consulta previa en el departamento del Cauca, que se cumplan las órdenes del auto 005 y la sentencia 1045ª, la ausencia de cumplimiento de estos requerimiento y compromisos establecidas desde hace tiempo, son las razones que nos hacen quedarnos aquí.

Convocamos toda la solidaridad toda contra la minería ilegal y criminal, contra las amenazas a las cuidadoras y las cuidadores de la Vida y los Territorios Ancestrales

Hacemos responsables al Estado Colombiano, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Minas, a la Agencia Nacional Minera, a la Fuerza Pública, A la Agencia Nacional Ambiental, a la Defensoría del Pueblo, a todas las instituciones responsables de garantizar nuestros derechos, por nuestra integridad física y de nuestras y compañeras aquí en Bogotá, y también a quienes estén en el territorio siendo que desde el Ministerio del Interior está diciendo que ya no estamos aquí. Eso genera desconfianza en un clima donde la institucionalidad afirma que quiere construir confianzas.

Desde Bogotá, La Giralda

Paz sin Territorios Ancestrales Afrodescendientes? No para las mujeres Negras del Norte del Cauca

Las mujeres Afrodescendientes nortecaucanas somos conocedoras del valor ancestral que tienen nuestros territorios. Mucha sangre de nuestros ancestros y ancestras fue derramada y mucha sangre de nuestras madres, padres, hermanas y hermanos ha sido derramada para conseguir estas tierras. Ellas nos enseñaron que la tierra no se vende, que debemos garantizar a los renacientes la permanencia en el territorio ancestral. Han pasado cuatro siglos y su memoria es nuestra memoria, sus prácticas son nuestras prácticas trasmitidas por nuestras abuelas y abuelos y que hoy nuestras hijas y nuestros hijos continúan reafirmando. Nuestro amor por el territorio como fuente de vida y pertenencia ha sido la garantía para sostener uno de los patrimonio naturales y genéticos mas ricos del mundo. Nuestros territorios han sido de vida, alegría y paz.

Pero hoy nuestras vidas están en peligro por cuidar y defender el territorio que ancestralmente hemos habitado desde 1636. Hoy, las posibilidades de existir como pueblo Afrodescendiente son mínimas. Hoy estamos amenazados de muerte física y cultural! Nos amenaza con el despojo la locomotora minera del Presidente Santos que otorga concesiones y títulos mineros a multinacionales violando nuestro derecho a la consulta y el consentimiento previo; nos amenaza la minería ilegal que con sus retroexcavadoras destruye el patrimonio ambiental y territorial que hemos cuidado por siglos; nos amenazan los grupos armados que nos acusan de estar en contra de las políticas desarrollistas del gobierno; amenazan a nuestras hijas e hijos, a nuestros compañeros, a nuestras comunidades; son una amenaza las mentiras y retórica del gobierno nacional que demuestra que esta por proteger sus intereses económicos neo-lberales por encima de nuestros derechos colectivos. El racismo estructural en este país que nos despoja y nos discrimina es una amenaza.

Todas éstas amenazas son parte de otra guerra en los territorios ancestrales que nos quita la paz del corazón.

Son muchas las acciones que hemos venido realizando para proteger nuestra vida y nuestros territorios. Sobre nuestra situación se han emitido sentencias de la Corte Constitucional, medidas de protección de la Unidad Nacional; se han realizado visitas de comisiones internacionales; se han presentado denuncias ante la fiscalía, la personería y la defensoría. Hemos informado a la Oficina de Naciones Unidas. Hemos acudido la fuerza pública. Estos últimos, nos han dicho que nos inventamos las situaciones de riesgo y amenazas. La institucionalidad sólo hace comunicados y correos y se llena la boca con un discurso democrático-racial vacío de efecto. Mientras tanto a nosotras nos obligan al confinamiento, a soportar hostigamientos, a temer por la vida de nuestras hijas, de nuestros hijos, a temer por la propia vida.

Por la defensa de la vida y del territorio ancestral que nos da la vida y nos sostiene libres marchamos y llegamos hoy a Bogotá a demandar de la Corte Constitucional y el gobierno colombiano:

  • Incautación, salida, destrucción inmediata de las retroexcavadoras que sin nuestro consentimiento están explotando oro en los territorios de los municipios de Guachené, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez, departamento del Cauca.
  • Investigación disciplinaria y sanción a las funcionarias y funcionarios que por acción u omisión han permitido el ingreso de las retroexcavadoras y con ello han permitido que se genere y/o agrave la situación de riesgo y vulnerabilidad para las mujeres.
  • Evaluación y reparación integral de los daños ambientales, de soberanía alimentaria y económicos que ha generado la minería en nuestros territorios.
  • Reconocimiento y protección de la minería ancestral de las comunidades Afrodescendientes.
  • Garantizar la integridad física, cultural y la protección de los derechos colectivos de las mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños en los territorios ancestrales.
  • Garantizar la protección a la vida de las lideresas y lideres, investigar los asesinatos, las amenazas de muerte y las acciones de violencia contra éstas y llevar a la justicia a los responsables.
  • Cumplir con la implementación de los Autos 005/2009 y 092/2008, la Sentencia T1045A y la reglamentación del capitulo V de la Ley 70 de 1993, para garantizar la prevención del despojo y desplazamiento forzado de nuestras comunidades, la evaluación de los impactos y daños causados y la reparación integral a las comunidades, en el marco de los derechos colectivos.
  • Interlocución directa de las mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca con la mesa de La Habana, porque paz sin territorios libres no es Paz.
  • Aplicar el derechos a la consulta y el consentimiento de manera previa, libre e informada antes de tomar cualquier decisión que tenga impacto positivo o negativo sobre nuestras vidas y territorios.
  • Derogar los títulos mineros otorgados en violación de nuestros derechos colectivos y abstenerse de continuar vendiendo nuestro territorio a las multinacionales.

La Corte Constitucional, el gobierno y la ciudadanía colombiana escuchará no solamente el rumor de nuestros pasos y cantos, tendrá nuestra presencia en su casa en Bogotá porque esto se tiene que resolver ya!

¡Porque es más fuerte nuestro amor por la vida, que nuestro temor por la muerte!

¡Los territorios y la vida no se venden, se aman y se defienden!

#EscuchenNuestrosPasos – #MujeresNegrasCaminan

Información de contacto: mujeresnegrascaminan@gmail.com – teléfono: 314-370-8931

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