ACSN insta que la Administración de Santos investigue actividades paramilitares y proteja las comunidades Afrocolombianas en Cacarica Chocó

La Red de Solidaridad con Comunidades Afrocolombianas (ACSN)* está preocupada por la seguridad de las comunidades Afrocolombianas e indígenas en la cuenca de Cacarica. Las Comunidades de Auto-Determinación, Vida y Dignidad (CAVIDA) alertaron sobre una movilización paramilitar en Carmen del Darién, Turbo, Apartadó y Chigorodó para obtener control territorial, económico, y social sobre la población civil. La presencia de los grupos armados ilegales, incluyendo las guerrillas y los grupos paramilitares que no se desmovilizaron y no desmantelaron su control territorial de la área estratégica de Darién y el Bajo Atrato, ponen en riesgo las vidas de las comunidades. Información proveída a CAVIDA indica que los pueblos de Vijao y el Limón, y la Zona Humanitaria de Nueva Vida podrían ser objetivos.

Se reporta que miembros de la Brigada 17 del Ejército están informados sobre esta operación paramilitar. La amenaza tiene credibilidad por la presencia de los paramilitares en puntas estratégicos del Rio Atrato, donde ejercen control sobre la circulación de embarcaciones en el rio a pesar de la presencia importante de las Fuerzas Armadas de Colombia en la zona. Las repetidas denuncias públicas de la población civil acerca de esta actividad ilegal no han tenido respuesta.

Las comunidades afrocolombianas de Cacarica han tratado vivir en paz desde que regresaron a sus tierras ancestrales en 2001después de haber sufrido el desplazamiento masivo de 3.800 campesinos y sus familias en 1997 por miembros del Brigada 17 y los paramilitares en una operación conjunta conocida como Operación Génesis. Durante esta operación, Cacarica y la cuenca vecina de Salaquí fueron bombardeadas por las Fuerzas Armadas de Colombia y civiles fueron masacrados por los paramilitares. Cuando las familias desplazadas regresaron, algunos establecieron Zonas Humanitarias, un mecanismo civil de autoprotección basado en el derecho internacional humanitario y los Principios Rectores de las Naciones Unidas de los Desplazamientos Internos, para brindar protección a las comunidades del  conflicto armado interno y los abusos de los derechos humanos.

Operación Génesis se llevó a cabo bajo el mando del General  retirado del Ejército, Rito Alejo del Rio. El General está siendo judicializado en Colombia, pero la lentitud del proceso llevóla Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a mandar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Julio de 2011. La Comisión concluyó que estos hechos constituyen un crimen de lesa humanidad, ya que hacen parte de un patrón de violencia masiva, sistemática y generalizada y se ejecutaron en el contexto del conflicto armado.  Hasta que se de justicia en este caso, el riesgo que las violaciones se repitan en esta parte del Chocó siguen altas.

Las comunidades afrocolombianas e indígenas de Cacarica están exigiendo el respeto para su derecho constitucional al consentimiento libre, previo e informado con respecto a la extensión controversial de la Carretera Panamericana y un proyecto de conexión eléctrica. El proyecto de la Carretera Panamericana construiría los últimos 62 kilómetros de la carretera en Colombia hasta la frontera con Panamá. El proyecto tendrá un impacto cultural y ambiental importante porque travesará humedales y el Parque Nacional Los Katios, en lo que es uno de los sitios más diversos del mundo. Las comunidades se enfrentan  a décadas de conflicto y marginalización.  La presencia del Estado en esta zona es principalmente limitada a la presencia del Ejército. Necesidades básicas, como agua potable, no se están cumpliendo. La seguridad en la zona depende de la transparencia y la equidad en los proyectos de gran escala porque en esta región los grupos paramilitares tienen vínculos conocidos con los intereses comerciales, como Chiquita Brands International. La falta de investigación sobre el papel de Del Monte S.A. en Cacarica después del desplazamiento de 1997 es preocupante, porque informes creíbles han surgido confirmando que los paramilitares usaron sus instalaciones en el lugar conocido como La Balsa en Cacarica, durante años, y siguen utilizando la zona como un punto de apoyo estratégico.

En tales circunstancias, la vida y la sostenibilidad económica – cuales son esenciales para que las comunidades puedan permanecer en su tierra – dependen del derecho al consentimiento libre, previo e informado y la consulta previa. Esta obligación está protegida por la Ley 70 de 1993 de Colombia de las Comunidades Negras, la Organización Internacional de Trabajo Convención 169 y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Siendo una red que ha monitoreado por muchos años los derechos humanos de los afrocolombianos que viven en el noroeste de Chocó, instamos a que las autoridades colombianas garanticen que:

•          La Oficina del Vicepresidente, Ministro del Interior y la Oficina de Asuntos de Afro descendientes actúen con diligencia para garantizar la protección de las comunidades y las personas en peligro.

•          La Oficina del Inspector General y de la Fiscalía General investiguen las denuncias de colusión entre los miembros del 17 Brigada y los paramilitares y los grupos sucesores armados.

•          El Inspector General y la Fiscalía General investiguen los funcionarios públicos y los individuos acusados de haber violado los derechos civiles de los afrocolombianos en la cuenca del Rio Cacarica.

•          Vayan a fortalecer e implementar los derechos territoriales de las comunidades afrocolombianas e indígenas, en particular el derecho a la consulta previa, antes de avanzar con el proyecto de infraestructura a grande escala de la Carretera Panamericana.

Para más información pónganse en contacto con Gimena Sánchez-Garzoli de WOLA a (202) 797-2171 o gsanchez@wola.org

 

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