ACSN Respalda los Resultados de La Mision de Verificación en La Toma

Miembros de la Red de Solidaridad con Comunidades Afrocolombianas (ACSN por sus siglas en Ingles) verificó ayer la presencia de tres de las ocho retroexcavadoras presentes en la zona, que la red denunció en su comunicado del 20 de Julio. Como parte de una delegación internacional  para verificar la actividad ilegal, ACSN presenció una de las retroexcavadoras trabajando ilegalmente, (ver la foto abajo), en la localidad de San Juan, municipio de Suarez, área de La Toma. El grupo de verificación observo tambien la presencia de dos retroexcavadoras mas en las proximidades al área que no parecen estar en operación.

La Toma 1La misión de verificación estuvo conformada por representantes nacionales e internacionales y fue organizada por el Proceso de Comunidades Negras (PCN), Grupo de Protección (GTP), la Corporación Sembrar, NOMADESC, PCS y la Corporación Norte Sur. ACSN verificó no solo la presencia ilegal de esta maquinaria sino también la presencia de trabajadores e intensa actividad de excavación a algunos metros del Río Ovejas en San Juan.

Esta maquinaria y minería ilegal viola la Sentencia de la Corte Constitucional 1045A, por la cual la Corte declara ilegal toda actividad minera por fuera de las practicas ancestrales tradicionales de las comunidades y demanda que el Consejo Comunitario sea consultado y se obtenga su previo consentimiento antes de cualquier actividad minera foránea. Es también una violación a la Ley 685, Código minero colombiano,  que establece que no debe haber actividad minera a menos de 600 metros de una fuente de agua. ACSN pudo confirmar intensa actividad de excavación, como lo muestra la foto abajo en la propia margen del Rio Ovejas, única fuente de agua para las comunidades del área.

La Toma 2La falta de una acción ejecutiva y seguimiento inmediato por parte de las autoridades es una violación de la ley y de la Sentencia 1405-A, que ha permitido no solo que los mineros permanezcan en el área sino también en actividades mineras ilegales.

La misión fue informada por uno de los trabajadores encontrados en el área de minería ilegal en San Juan, que los mineros han estado esperando por la orden del Alcalde para evacuar la maquinaria. De acuerdo con esta persona, el alcalde ha estado muy ocupado para sacar la orden. El Consejo Comunitario y autoridades indígenas también están esperando por la orden  que el Alcalde de Suárez prometió en Junio 15, durante una Mesa Minera (reunión con la comunidad para discutir la problemática minera), para desalojar de las comunidades mineros ilegales y sus maquinarias, cuya presencia ilegal se había reportado en mayo.

La falta de una orden ejecutiva y la acción inmediata de las autoridades para hacerla efectiva, es una violación de la ley y de la Sentencia 1405-A, que ha permitido no solo que los mineros permanezcan en el área sino también en actividad minera ilegalmente.

La Toma 3Después de inspeccionar el área donde se esta dando la minería ilegal, la misión se reunió con el Personero Municipal de Suárez quien expreso que las autoridades locales  no tienen la capacidad ni los recursos para atender la situación. Irónicamente, el año pasado las autoridades municipales fueron muy diligentes en movilizar fuerzas de policía para desalojar a los mineros tradicionales de sus tierras, protegiendo los intereses de un minero foráneo que clamaba derecho sobre las tierras de las comunidades, sobre los derechos de estas comunidades Afrodescendientes asentadas desde 1636.

ACSN y otras organizaciones de derechos humanos y ambientales como Censat Agua Viva de Colombia, han hecho seguimiento a la continua presencia ilegal de las retroexcavadoras en el área de La Toma. En Mayo, otra misión verifico la presencia de cuatro retroexcavadoras que entraron ilegalmente, sin ninguna respuesta de las autoridades para prevenirlo.

La Red de Solidaridad Afrocolombiana deplora la falta de acción por parte de las autoridades locales y nacionales para atender esta crítica situación que no solo esta causando severo daño ambiental sino también problemas de seguridad y estigmatización para los miembros del Consejo Comunitario y sus lideres. Mas aun, ACSN esta profundamente preocupada por la seguridad de los lideres y miembros del Consejo Comunitario que continúan recibiendo amenazas de muerte por defender los derechos de las comunidades y el cumplimiento de la ley. Hasta el momento, no hemos conocido de ninguna investigación seria sobre estas amenazas y, como se confirmo durante la misión de verificación, no hay una respuesta efectiva de ninguna de las autoridades responsables remediar esta terrible situación.

Como Red que ha venido monitoreando la violación de los derechos en La Toma y ha reportando constantemente esos abusos, urgimos a las autoridades competentes nacionales por lo siguiente:

  • Asegurar que las autoridades del municipio de Suárez cumplan de manera inmediata y efectiva con la Sentencia de la Corte Constitucional 1045-A y el Auto 005 del 2009, con el fin de detener la actividad minera ilegal y proteger la integridad de los lideres, de la población y los derechos de las comunidades.
  • Que el Ministerio del Interior y la Oficina de Asuntos para Comunidades Afrodescendientes deben actuar de manera diligente para garantizar la protección de las Comunidades y personas amenazadas y a las autoridades competentes adelantar la investigación de estos hechos y llevar a los responsables frente a la justicia.
  • Que la Fiscalia General de la Nación investigue y penalice a todas las personas implicadas en la minería ilegal en el área de Consejo Comunitario de La Toma.
  • Conducir una investigación disciplinaria exhaustiva de las autoridades municipales y nacionales que han fallado en su obligación hacer cumplir la ley y de proteger los derechos de las comunidades Afrodescendientes de La Toma, en la municipalidad de Suárez.

Finalmente ACSN aspira a que el Gobierno Colombiano tome seriamente el problema de la minería ilegal no solo en La Toma sino también en todos los territorios Afrodescendientes donde se presenta este problema. Las autoridades locales y nacionales deben cumplir con la Orden 005 del 2009 y la Sentencia 1405-A de la Corte Constitucional, las cuales definen claramente las vías y mecanismos para asegurar resolver el problema de la minería ilegal, proteger a la vida y derechos de las comunidades y sus lideres y proteger la integridad física y cultural de las comunidades Afrodescendientes.

CONTACTO:
Charo Mina Rojas, PCN International Working Group: (+057) 315-706-7603; charominarojas@gmail.com
Anthony Dest, WOLA: (202) 797-2171; adest@wola.org

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