Es revelado complot de asesinato contra líderes de Curvaradó

El 5 de Junio,  la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Justicia y Paz), una ONG Colombiana, reportó que algunos individuos asociados con compañías palmeras presuntamente planeaban un ataque contra miembros de la comunidad, Justicia y Paz y Brigadas de Paz Internacionales (PBI), la organización internacional que les provee acompañamiento desarmado. De acuerdo a la información recibida, los paramilitares tienen pensado actuar en cuanto el censo ordenado por la Corte Constitucional Colombiana, cuyo fin es determinar quiénes son los habitantes legítimos del territorio colectivo de los Afrocolombianos en Curvaradó y Jiguamiandó y después restituirles sus tierras, se finalice. En este caso los territorios fueron ocupados de forma violenta, coercitiva e ilegal por paramilitares que querían facilitar el uso para plantaciones ilegales de aceite de palma y ganadería extensiva. En este momento, representantes de las compañías palmeras están siendo juzgados por desplazamiento forzado, conspiración para cometer un delito, y crímenes ambientales en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó. Estas revelaciones desconcertantes llegan después de una serie de asesinatos de defensores líderes de la comunidad de Curvaradó y la vigilancia ilícita, intimidación y ataques contra personal de Justicia y Paz.

La semana pasada, el día 16 de Junio, una llamada telefónica fue hecha a la oficina de Paz y Justicia, en donde la persona que llamo advirtió que serían acosados por su trabajo en el caso de Curvaradó. El próximo día, el sacerdote católico y también miembro del personal de Justicia y Paz, el Padre Alberto Franco se percato que su teléfono estaba siendo interceptado, después de intentar varias llamadas y ser transferido a la Unidad GAULA de la Policía Nacional. El 16 y 17 de Junio, el padre Franco y sus compañeros, Danilo Rueda y Abilio Peña, fueron perseguidos en Bogotá en varias ocasiones por hombres desconocidos, intimidados en la calle y  sus oficinas y casas perceptiblemente vigiladas. Como previamente reporto el ACSN, la casa del Sr. Rueda fue invadida y varios efectos electrónicos conteniendo información sensible respecto a este caso y otros relacionados a los derechos humanos fueron, robados.

El ACSN está particularmente alarmado porque un grupo de 20-30 paramilitares armados con armas de alto calibre (identificados en Curvaradó por primera vez en Abril) aún mantienen una presencia en el área a pesar del arribo de unidades de las fuerzas armadas, la proximidad de dos bases de la policía nacional y las repetidas denuncias internacionales a las autoridades Colombianas. La semana pasada, miembros de la comunidad que participaron en el censo requerido por la Corte Constitucional Colombiana, un requisito para la restitución material, fueron amenazados. Existen preocupaciones que el proceso de restitución de tierras sea impedido. En la actualidad, la restitución se planea para diciembre del 2011. Mientras el gobierno colombiano declara que hay avances en el caso, observadores internacionales ven un incremento marcado en las amenazas y las intimidaciones.

El caso de Curvaradó, que estaba en procesamiento antes de la vigencia de la ley de tierras/victimas, es uno que no debe ser tomado a ligeras por políticos Estadounidenses. Este caso es emblemático de los retos de seguridad que afrontan los desplazados afrodescendientes que exigen sus derechos a sus tierras. ACSN observa que la nueva Ley de Victimas y Restitución de Tierras (aunque no aborda los derechos colectivos territoriales de las comunidades indígenas y afrocolombianas) fue aprobada en mayo por el congreso colombiano, y reconoce que se trata de avances importantes al reconocimiento de los derechos de las victimas en Colombia. Aunque la ley puede desempeñar un papel simbólico, la realidad es que Colombia permanece un país en medio del conflicto armado y  que la mayoría de los paramilitares y guerrillas aún operan con impunidad.

Desde que Colombia aprobó la ley de víctimas, ACSN se ha preocupado por el hecho de que más desplazados y activistas de derechos humanos han sido asesinados y amenazados. Tal como condenó la Comisión de Derechos Humanos Interamericana de la OEA el dia 21 de junio (véasehttp://www.cidh.oas.org/Comunicados/English/2011/59-11eng.htm) el grupo paramilitar Águilas Negras – Bloque Capital, publicó una amenaza de muerte la cual contiene una lista de organizaciones de derechos humanos, desplazados y afrocolombianas que se han dedicado a trabajar por los derechos territoriales y de los desplazados. Los paramilitares dicen a los de la lista que tienen solo un plazo de 20 días para irse de la ciudad. Muchos de los que figuran en la lista son socios de ACSN. Estos incluyen Arco Iris, Sisma Mujer, CODHES, Movice y Rosaliano Riascos, Luz Marina Becerra, Yoana Saenz que son activistas desplazados afrocolombianos que trabajan en AFRODES. Dos agencias de la ONU también figuran. La lista incluye a Piedad Córdoba, que recientemente ha activamente denunciando el asesinato de su familiar Ana Fabricia, una activista asesinada en Medellín, y el congresista Iván Cepeda.

Para que la restitución de tierras sea sostenible, es necesario aplicarle al derecho de los desplazados fundamental que es el derecho a la vida que se encuentra en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU. Es esencial que las autoridades colombianas combatan y desmantelen los grupos armados ilegales que operan en áreas de ganancias y que le provean protección a los desplazados y los a activistas de derechos humanos. Si Colombia no se encarga de proteger la seguridad de las victimas, los desplazados, las organizaciones no-gubernamentales  y los acompañantes internacionales de Curvaradó, su situación se repetirá en los varios casos de desplazados regresando a sus tierras mediante la iniciativa de la nueva ley de víctimas/tierras. ACSN aprecia el interés del gobierno estadounidense y su apoyo para restituir los derechos territoriales a los desplazados, y le pide a los Estados Unidos que apoye dichos esfuerzos pidiéndole a Colombia que no retorne a los desplazados a sus áreas de origen sin primero combatir o desmantelar los grupos armados ilegales y fortalecer las protecciones para activistas de derechos territoriales y de los desplazados.

ACSN les pide respetuosamente a miembros de la sociedad civil estadounidense que contacten a sus representantes en el congreso y que les:

  • Pida que firmen la carta que el congresista Hank Johnson esta circulando en el Congreso EEUU dirigido al Presidente Barack Obama acerca de la situación de los afrocolombianos y los pendientes tratados de libre comercio con Colombia. Para contactar a su representante por correo electrónico, por favor haga clic en la siguiente página de LAWG: http://salsa.democracyinaction.org/o/625/p/dia/action/public/?action_KEY…
  • Frenen cualquier avance del tratado de libre comercio entre Colombia y los Estados Unidos hasta que la seguridad de las comunidades afrocolombianas haya sido sustancialmente mejorada y que los grupos paramilitares y otros grupos armados ilegales hayan sido efectivamente desmantelados y completamente desvinculados de sectores económicos como el de aceite de palma, la industria minera y los proyectos de desarrollo de gran escala que se espera se beneficiarán de la implementación del TLC.
  • Prioricen la ayuda estadounidense para la población desplazada y hacia medidas que incrementen la presencia de instituciones estatales civiles en áreas rurales, como el Defensor del Pueblo y el Ministerio del Interior, antes y después del proceso de restitución de tierras, de manera que se pueda proporcionar el monitoreo de derechos humanos y protección  constante a las victimas y los desplazados.
  • Contacten al Departamento de Estado y la embajada EEUU en Bogotá para expresar su preocupación por la seguridad de la comunidad de Curvaradó y el personal de Justicia y Paz. Al Departamento de Estado y la embajada deberían exigirles a las autoridades colombianas que el apoyen un plan integral de protección que debe desarrollarse conjuntamente con las comunidades afectadas en las cuales el Ministerio de Defensa coordina con el ejército y la policía a los más altos niveles para prevenir que los grupos armados, en particular los paramilitares y sus sucesores, impidan los esfuerzos para proveer seguridad.
  • Al Departamento de Estado se le debe urgir que no certifique que se está cumpliendo con las condiciones de derechos humanos como requisito de asistencia militar estadounidense hasta que Colombia se haya comprometido a la protección de las comunidades de Curvaradó y a los activistas de derechos humanos y que se vean resultados efectivos respecto a otras amenazas y otros casos en contra de los defensores de derechos humanos de Justicia y Paz.

Para mas información favor contactar a Anthony Dest de WOLA a adest@wola.org o (202) 797-2171.

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